El tráfico de personas afecta cada año a cerca de 800.000 personas transportadas a través de fronteras nacionales, el 80 por ciento de ellas mujeres y Ee.uu. dice que venezuela mejora en la lucha

El 'Informe sobre Tráfico de Personas 2008' acusa a catorce países, dos menos que el año pasado, de no implementar las acciones necesarias para combatir esta problemática, por lo que podrían recibir sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial.

El tráfico de personas, denuncia el informe, afecta cada año a cerca de 800.000 personas transportadas a través de fronteras nacionales, el 80 por ciento de ellas mujeres y niñas, y el 50 por ciento menores de edad.

El número de personas traficadas dentro de las fronteras de sus países supera los millones, según el Departamento de Estado, que no dio más detalles.

Al presentar el análisis, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, afirmó: 'esperamos que este informe ayude a los países responsables en todo el mundo a hablar con una sola voz y declarar que la libertad y la seguridad son exigencias innegociables de la dignidad humana'.

El documento divide a 170 países en tres diferentes niveles, aunque el intermedio, de las naciones que hacen esfuerzos, pero no los suficientes, incluye un apartado para los Estados que reciben un escrutinio especial.

Venezuela y Guinea Ecuatorial, incluidos el año pasado en la lista de países que no combaten adecuadamente el flagelo, aparecen en 2008 en el nivel intermedio, pero en el apartado especial, en el que figuran también Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá y la República Dominicana.

España y Colombia son los únicos países de habla hispana representados en el nivel superior, de naciones que hacen cuanto está en sus manos por combatir el tráfico de personas.

Cuba, denuncia el Departamento de Estado, es 'principalmente una fuente de mujeres y niños traficados dentro de su territorio para su explotación sexual comercial', y el país es un destino de turismo sexual.

EE.UU. recomienda a ese país, entre otras medidas, aumentar sus esfuerzos contra los traficantes de personas y dar más pasos para prevenir la prostitución infantil.

En el caso de Venezuela, el informe asegura que 'no cumple por completo los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, aunque hace esfuerzos significativos para lograrlo'.

Queda en la lista de observación por 'no proporcionar evidencia de un aumento de sus esfuerzos para proteger y asistir a las víctimas'.

Argentina, explica el texto, es un país fuente, de tránsito y destino para personas traficadas para su explotación sexual y laboral, y la mayoría de las víctimas se trafican dentro del país, de áreas rurales a urbanas, para su prostitución.

Una situación similar se produce en Costa Rica, donde preocupa, según el Departamento de Estado, 'la falta de una respuesta más contundente por parte del Gobierno, especialmente debido al gran número de víctimas presentes en el país'.

Guatemala es un destino para víctimas procedentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, sujetas a la explotación comercial sexual, y un punto de tránsito para los centroamericanos traficados a México y Estados Unidos.

En Panamá, 'la mayoría de las víctimas son mujeres panameñas y niños traficados dentro del país para el comercio sexual', y el Gobierno ha lanzado medidas preventivas innovadoras, pero no ha tomado las medidas tangibles suficientes para llevar a los traficantes ante la Justicia, destaca el informe.

El texto recomienda a la República Dominicana aumentar sus esfuerzos para llevar ante la Justicia a los traficantes de personas, 'especialmente funcionarios cómplices' de esta actividad.

En este país, el problema se centra en el envío de mujeres para su prostitución a diversos países, además del tráfico interno con fines sexuales o de explotación laboral de éstas y de menores.

El texto también alerta de la situación de trabajadores haitianos sin papeles sujetos a labores forzadas.

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