Texto Original

Por LAURA BAUER/MCT
KANSAS CITY
Sentada en la cárcel del Condado de Boone, la mujer china no le parece una delincuente a Kelley Lucero.

Lucero averiguó que la mujer había venido a Estados Unidos en busca de un college para su hijo adolescente. Había venido legalmente como parte de un programa de intercambio cultural pero aquí su vida tomó un giro inesperado y horrible.

Forzada a trabajar en un salón de masajes, terminó siendo arrestada por prostitución en una parada de camiones entre Kansas City y St. Louis.

Sólo un ojo experto como el de Lucero pudiera ver algo que los policías del Condado de Boone pasaron por alto y que la mayoría de los policías no están entrenados para percibir.

"No era un prostituta'', aseguró Lucero, una coordinadora de programas sobre abuso sexual en un albergue de violencia doméstica en Columbia. "Es una víctima del tráfico humano''.

Y, sin embargo, la mujer lleva cinco meses en la cárcel.

Cuando EEUU asumió una posición mundial de liderazgo ante el tráfico humano en el 2000, los legisladores querían rescatar a las extranjeras convertidas en esclavas sexuales en suelo estadounidense. En demasiados casos, sin embargo, eso no ha sucedido.

En sus seis meses de investigación sobre la efectividad de EEUU en la guerra contra el tráfico humano, The Kansas City Star encontró que el sistema originalmente designado con el tráfico humano en mente frecuentemente no tiene éxito en contactar a esas víctimas.

Algunas son erróneamente identificadas como prostitutas y terminan o bien perdidas en el laberinto de la burocracia penal o de regreso a las calles. Sin embargo, aun cuando sean identificdas por la justicia, algunas se niegan a pasar por el proceso de encausar a sus traficantes, demasiado atemorizadas o desconfiadas para revelar los horrores que han sufrido. Los críticos se quejan de que la ley de EEUU es esencialmente defectuosa porque vincula la ayuda a las víctimas con su disposición a ayudar en los encausamientos.

"Nadie ve la situación como realmente es'', declaró Karen Stauss, abogada del Proyecto Polaris, una organización contra el tráfico humano radicada en Washington D.C. ‘‘Es como si estuviéramos diciendo: ‘le echamos la culpa a usted por lo que está sufriendo' ''.

El gobierno también ha sido lento en reconocer una clase emergente de nuevas víctimas: las jóvenes norteamericanas. Mientras todos los años se gastan millones en la lucha contra el tráfico internacional, los legisladores todavía no han aprobado fondos para las víctimas nacionales, quizás la clase de víctimas del tráfico humano en más rápido crecimiento en el país.

Los expertos consideran que las actuales leyes federales y estatales son instrumentos burdos a la hora de tratar de afrontar la complejidad de una empresa criminal global, y no toman en consideración el trauma de las mujeres víctimas de abuso sexual. De todos los delitos de tráfico humano, según descubrió The Star, los que implican la esclavitud sexual han demostrado ser los más difíciles cuando se tratar de capturar y encausar a los traficantes.

La Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico "no está creando el ambiente legal que pueda prevenir el tráfico humano'', indicó Norma Ross, de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres. "Es una ley federal que realmente no es muy útil para lo que debía serlo: para terminar con el tráfico humano''.

Una ulterior complicación es que se supone que los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) no sólo detecten las víctimas de un posible tráfico humano sino que también acaben con la inmigración ilegal, lo que algunos perciben como un conflicto de intereses.

"Como mínimo, eso crea ‘una contradicción inherente' '', según Kristyn Peck Williams, coordinadora de campo del programa de servicios contra el tráfico humano de la Conferencia de Obispos Catolicos de EEUU.

"La ICE hace el operativo pero también son los que están en posición de identificar las víctimas el tráfico'', indicó Williams.

El contacto inicial con las potenciales víctimas es crucial, aseguran los activistas. Si los agentes emplean el mismo comportamiento duro que usan para investigar otros casos, pueden traumatizar a las víctimas y destruir el caso.

En cierta ocasión, un agente federal en el sur de EEUU entrevistó a una extrannjera recogida en un asalto a un burdel. "¿Así que era una prostituta?", le preguntó el agente durante la investigación.

Un abogado de inmigración en la sala le dijo a The Star que la mujer automáticamente dejó de hablar. Posteriormente, fue deportada.

"He visto muchas mujeres que han recibido ayuda pero muchas no'', afirmó el abogado, que no quiso ser identificado por temor a represalias de la policía.

Sin el enfoque correcto, una víctima del tráfico puede verse reciclada en una vida de esclavitud.

Desde la aprobación de la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico hace casi una década, las víctimas extranjeras han estado en el centro mismo de la ley. Reciben amplia aesoría, ayuda para pagar sus visas y los costos de alimentos y vivienda mientras reconstruyen sus vidas.

Para las víctimas nacidas en EEUU, sin embargo, se esperaba que los gobiernos estatales se hicieran cargo de ocuparse de las menores prostituidas por proxenetas o por miembros de la familia.

Pero eso sucede muy poco, descubrió The Star.

"Uno habla de frustración'', indicó Thomas Egan de las Caridades Católicas de Phoenix. "Encontramos cientos de menores prostituitas pero no había fondos para ayudarlas''.

Con las víctimas extranjeras del tráfico humano, la frontera entre la víctima y el delincuente tampoco está clara.