Guadalupe Gómez Quintana
Las denuncias públicas por el delito de trata de personas cometido en México, sobre todo contra mujeres y niñas, se multiplican. Organizaciones de la sociedad civil demandan la acción gubernamental y que se aplique la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Este fenómeno, originado en parte porque México es país de origen, tránsito y recepción de millones de migrantes que entran y salen como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales, se complica debido a la corrupción y a pesar de la existencia de instituciones como la Fiscalía para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), señalan especialistas.

Tanto la prensa nacional como extranjera revela con frecuencia ejemplos de ello. Los casos de trata contra ciudadanas y ciudadanos de Guatemala en territorio mexicano aumentan, pero poco se denuncian, por temor o desconocimiento de cómo proceder, señala Prensa Libre, de acuerdo con el Boletín del portal Alianza por tus derechos.

Mientras el diario mexicano La Jornada informa de la existencia de la organización divas.com, dedicada a la trata para la prostitución, que opera en 15 estados del país y en la que estarían involucrados funcionarios de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Frontera sur, botón de muestra

En la frontera sur de México, zona de intensos cruces de migrantes, es alto el número de casos de trata de personas, señala el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, pero entre septiembre y diciembre de 2007 solo recibió siete denuncias de ese tipo de abusos, cometidos, principalmente, contra guatemaltecos en territorio mexicano, informó Sandra Valdez, en su artículo publicado en el Boletín Web Alianza por tus derechos.

La Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios informó que el problema radica en que pocos conocen esa situación y, por lo regular, la relacionan con otros hechos.

“En su mayoría, las denuncias llegan como problemas de migración o abandono, pero cuando las autoridades consulares verifican, descubren que son casos de trata de personas”, reportó la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios de Guatemala, dice el Boletín.

Y señala un caso reciente, que fue conocido porque un hombre, con dificultad para expresarse en español, se comunicó en la Cancillería y expuso que su hija, de 16 años era obligada a trabajar sin remuneración, con maltratos y abusos de parte de una familia en México.

Trata de personas incluye esclavitud, secuestros rápidos y explotación sexual y laboral, explicó la Cancillería guatemalteca. Un alto porcentaje de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos que trabajan en México son sometidos a esos abusos.

“La trata es un negocio altamente pagado”, afirmó Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos. Detalló que en esa institución han recibido denuncias de casos similares y que ese es un tema que va de la mano de los migrantes, por ser personas vulnerables.

Pese a ello, las autoridades guatemaltecas no pueden ayudar, porque los abusos se cometen en territorio mexicano. “Hemos tenido casos de padres que abusan de sus hijas, ambos guatemaltecos, pero ¿cómo ayudarles, si están en México?”, refirió un funcionario de la Cancillería, relata el Boletín.

Trata y tecnología

Otro caso reciente es el de la organización internacional divas.com, investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) y que opera en al menos 15 estados del país, con aproximadamente 150 mujeres a su servicio y en la que estarían involucrados funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal Preventiva, según lo dio a conocer el periódico La Jornada.

Divas.com podría ser una de las organizaciones más activas en prostitución, tráfico y trata de personas en el país y tendría nexos con otras organizaciones criminales de Europa del Este y Sudamérica. Surgió en octubre de 2001, como página web, construida por Antonio Santoyo y José Antonio Villeda, mediante la cual se reclutaba a mujeres para que abandonaran sus países de origen y viajaran, sobre todo, a México para ejercer la prostitución.

En cuatro años ampliaron sus vínculos con organizaciones internacionales dedicadas a la trata de personas.

En 2007, algunas mujeres víctimas de trata denunciaron a la organización y sus principales líderes fueron capturados. Y en mayo de ese año, Nemesio Lugo Félix, coordinador general de investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, encargado de investigar a divas.com, fue asesinado de ocho tiros muy cerca de su oficina.

La página cambió de nombre a zonadivas.com y se alió con agrupaciones de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España, que manejan páginas similares, las cuales permiten realizar “intercambios” de “mercancías”, publicó La Jornada. Divas opera en la actualidad en Puebla, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, estado de México, Querétaro, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California Sur, Sonora, Guerrero y Yucatán.

Las condiciones “laborales” de las 150 mujeres que anuncia la página cada mes revelan que son víctimas de trata de personas para la prostitución.

Una vez fuera de su país, su “contrato” las obliga a “trabajar” por lo menos un mes con esa organización, entregar 35 por ciento por cada servicio y pagar, del 65 por ciento restante de su ingreso por prostituirse, traslado, estancia, protección, promoción en Internet, ropa y otros servicios.

El “contrato” establece que ninguna puede salir de la casa de seguridad sin pedir permiso o si no es para realizar algún “servicio”, y que su único día de descanso es el domingo.

En agosto de 2007, la brasileña Eliane Witte Silva delató a un supuesto alto mando de la PFP y a una presunta funcionaria del INM como parte de la red de protección a ese grupo criminal.

Ante la SIEDO, la joven admitió que pagaba para que subieran sus fotos a Internet y que se dedicaba a la prostitución. Dijo que por varios meses vivió en un hotel, en el que los dueños de Divas daban alojamiento y seguridad a mujeres de diversas nacionalidades, señala La Jornada.

Ya en territorio nacional, los líderes de divas.com se quedaban con los pasaportes y todos los documentos.

El “contrato” con las sexoservidoras establece que su pasaje a este país se les “descontará de los primeros servicios que trabaje” y que “el estudio fotográfico para que sus imágenes sean publicitadas en la página web tendrá un costo de 500 dólares o su equivalente en pesos”.

Los sexoservicios tendrán un costo por hora de entre 2 mil y 2 mil 500 pesos; tienen prohibido salir con clientes, aunque podrán abandonar la casa de seguridad siempre que avisen adónde van.

Niñas, también víctimas

El caso de las niñas es también alarmante, como señala el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de menores en la pornografía, Juan Miguel Petit (Cimacnoticias, 24 marzo 08).

Petit constató, luego de entrevistar a autoridades de los tres niveles de gobierno y a ONG de Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez y el DF, que la suma de ineficacia, mala capacitación, corrupción, falta de adecuados protocolos de reglamento y monitoreo, que permanecen en diversos organismos policiales y municipales encargados de asegurar que no existan menores de edad explotados, favorecen la acción de los explotadores.

La explotación sexual y comercial infantil de niñas y niños en México, especialmente en la frontera, en las zonas de gran turismo y en las grandes ciudades, puede volverse una pandemia fuera de control, advirtió el experto.

Dos instrumentos

Contra la trata de personas existen en México la Fevimtra, que operará este año con 236.3 millones de pesos y una Ley sobre el tema, que carece aún de Reglamento.

La Fevimtra, dirigida por Guadalupe Morfín, además de combatir la violencia contra las mujeres, fue creada a principios de este año para “perseguir y consignar el delito de trata de personas”. La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2007, pero no puede aún ser aplicada hasta que sea reglamentada.

La Fevimtra no convence a Sadot Sánchez Carreño, ex legislador priista impulsor de la Ley de trata en el Senado y actual responsable del tema en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Lo deseable”, dice, hubiera sido crear una unidad especializada que atienda exclusivamente la trata de personas, pues la Fevimtra tendrá “algunas limitaciones” para actuar en el caso de delincuencia organizada (Cimacnoticias, 10 marzo 08).

Ante lo cual Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, considera que lo que dice Sánchez Carreño no tiene sentido, ya que todos los delitos de trata de personas están relacionados con la delincuencia organizada, pues intervienen más de 3 personas. “Si tienes un padre que vendió, un individuo que compró, otro que trasladó, otro que está explotando y otro que está comprando, ya tienes ahí crimen organizado”, apunta (Cimacnoticias, 10 marzo 08).

Peor aún, dice Ulloa, la Ley es inaplicable porque el bien jurídico tutelado fijado por el Congreso de la Unión es “el normal desarrollo de la personalidad”, cuando debiera ser la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas. Además, el consentimiento dado por la víctima es excluyente del delito, cuando todos los tratados internacionales establecen lo contrario.

Por su parte, Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la oficina contra las drogas y el crimen de la ONU señaló, en el Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas, celebrado del 13 al 15 de febrero pasado, en Viena, Austria, que en el marco de la iniciativa global que Naciones Unidas realiza para combatir la trata de personas, se cree conciencia sobre esta problemática, además de destinar mayores recursos para hacerle frente.

Airadas voces

La falta de una efectiva aplicación de los instrumentos contra la trata provoca diversas salidas al problema. Teresa Ulloa dice que está “agotando” todos los procedimientos internos para llevar la Ley ante el Comité de Expertas de la CEDAW, como una queja específica porque “están obviando tratados internacionales”.

En Tlaxcala, otro lugar señalado por la incidencia de trata de personas en México, donde en 2007 se generó un movimiento ciudadano para tipificar el delito, decenas de OSC piden “políticas públicas sociales claras y contundentes para enfrentar de manera integral la Trata de Mujeres para la Prostitución” y que se defina clara y contundentemente el trabajo que debe realizar el Comité Interinstitucional contra el Tráfico y la Trata de Personas ya constituido en el estado de Tlaxcala.

Mediante un comunicado difundido por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las OSC de Tlaxcala advierten que las mujeres aún enfrentan discriminación “viviendo en la esclavitud, por ejemplo, de la trata”.

Señalan que son muchos los obstáculos para lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres, debido a la resistencia de diferentes sectores sociales, religiosos y políticos, como el derecho a tener una vida libre de violencia y a exigir que se castigue con todo el rigor de la ley a “quienes violan o prostituyen a nuestras hijas”, entre otros.

Por tanto, se pronuncian porque se establezcan mecanismos claros para hacer efectiva la acción penal en contra del delito de Trata de Personas en el estado. Disponer medidas claras para prevenir la Violencia de Género, disponer recursos a programas para que la nueva Ley General para Erradicar la Violencia contra las Mujeres se haga realidad.

Ante el problema de la trata de personas, señaló el mes pasado Guadalupe Morfín Otero, durante su participación como representante de la PGR en el Foro de Viena contra la Trata de Personas, “no podemos quedar impasibles, a riesgo de aparecer como cómplices”.

Editado por Mujeres Hoy

Fuentes: “Trata de mujeres y niñas en México, inocultable e impune”. CIMAC, marzo 2008.