MEXICO: Contra
la demanda y la legalización de la prostitución (I) Por Rubí de María Gómez Campos La Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres
y Niñas (CATWLAC) en la región latinoamericana y del Caribe
en su XX aniversario realizó una reunión en la Ciudad
de México, del 23 al 25 de marzo, que concluyó con una
declaración para el siglo XXI que vale la pena compartir. Preocupadas/os por el alarmante incremento de la trata y tráfico
de mujeres, niñas y jóvenes para la prostitución
y otras formas de explotación sexual, explotación laboral
y tráfico de órganos, todas formas graves de violación
a los derechos humanos que atentan contra la vida y la dignidad de las
mujeres y las niñas, y la seguridad de nuestros pueblos y naciones,
las integrantes de la coalición consideran que: la trata y el
tráfico de mujeres, niñas, y jóvenes en la región
latinoamericana y del Caribe es un fenómeno creciente, debido,
entre otros, a las relaciones patriarcales de poder, a la situación
de pobreza y pobreza extrema; el genocidio producido por el hambre;
el encarecimiento de los productos básicos; la falta de oportunidades;
las profundas disparidades y desigualdades entre las mujeres y hombres;
la violencia y la discriminación que históricamente han
sufrido las mujeres en nuestros países, y que en varios de ellos
no se cuenta con políticas públicas, programas, planes
de acción y leyes, y aunque existan en otros, no muestran resultados
verdaderamente efectivos; así como al hecho de que el fenómeno
se ve agravado por la trata interna con propósitos de prostitución
y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico
de órganos, abusando de la situación de vulnerabilidad
y pobreza de las víctimas y posibles víctimas. La trata y el tráfico de mujeres y niñas es una forma
grave de violencia contra las mujeres según se establece en la
Plataforma y Plan de Acción de Beijing, así como una forma
contemporánea de esclavitud. El dolor que sufren las víctimas
y sus familias y las consecuencias que tiene sobre sus hijas e hijos,
madres y padres, es irreparable, y los sistemas de justicia ofenden
nuevamente a las víctimas estigmatizándolas y revictimizándolas,
al negarles el acceso a la justicia y a la reparación y resarcimiento
del daño. Por tanto, mientras no se haga visible y se comprenda
su gravedad, no habrá sanción efectiva y seguirá
creciendo la inmensa impunidad y corrupción que rodea al problema,
propiciado por el patriarcado y el sistema de administración
de justicia que lo minimizan y naturalizan, con lo que se perpetuan
los patrones culturales patriarcales y se incumplen las responsabilidades
adquiridas a nivel internacional y regional. Ante el avance de las redes prostitucionales en nuestra región,
los medios de comunicación, y los proveedores de servicios turísticos
y de internet, así como otros actores juegan un papel de complicidad
por lo que deben ser llamados a cuentas y a conducirse con ética
y responsabilidad social. Cualquier forma de violencia contra las mujeres,
entre ellas, la trata y el tráfico de mujeres y niñas
es un obstáculo que impide la democracia, el desarrollo y la
paz, y urge frenar, rechazar y atacar la naturalización y banalización
del problema, emitiendo y ejecutando políticas de seguridad de
los estados y de los sistemas de justicia, acordes a la dimensión
de este flagelo, para recuperar el derecho de las mujeres y las niñas
a una vida libre de violencias. En consecuencia, la CATWLAC se pronunció por exigir a los gobiernos:
el respeto y el cabal cumplimiento de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres (CEDAW); políticas públicas, planes de acción
debidamente financiados, así como leyes efectivas contra la trata
y el tráfico de mujeres, niñas y jóvenes para la
prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral
y tráfico de órganos, que garanticen la prevención
y la protección de las víctimas; persecución, enjuiciamiento
y sanción de los tratantes y explotadores, así como adoptar
medidas legales y de otra índole para desalentar y sancionar
la demanda, ya que sin demanda no hay explotación; rechazo a
la corrupción y a las redes de complicidad que amparan a la delincuencia
organizada nacional e internacional, dedicada a traficar y tratar mujeres,
niñas, y jóvenes, y repudio al avance del crimen organizado;
ratificar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena y los Protocolos
Adicionales a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional sobre Trata y Tráfico de Personas, Protocolos
de Palermo, y armonizar efectivamente estos tratados en su derecho interno. La siguiente semana continuaremos enunciando las exigencias y propuestas
con las que concluyó esta importante reunión internacional.