Fuente: La opinión de Coruña (27 ene.2009)
El fiscal jefe ultima un borrador, pionero en España, en el que defiende una reforma de la ley de extranjería que "premie" con la residencia a las mujeres que cooperen en los procesos penales
R. PRIETO | A CORUÑA Sin papeles. Con un billete sólo de ida pero atemorizadas por la expulsión del país. Sometidas a las amenazas de las mafias que las trasladaron a España y que también tienen en el punto de mira a sus familias en el extranjero. Con miedo y sin respaldo jurídico. Ante esta situación, las miles de ciudadanas extranjeras que ejercen la prostitución no se atreven a denunciar a las redes que las trajeron a España con la promesa de un trabajo legal. Este silencio provoca que los pocos procesos penales abiertos en Galicia por tráfico de personas para explotación sexual concluyan sin una sentencia condenatoria para los integrantes de estas organizaciones mafiosas. Por este motivo, la Fiscalía Superior de Galicia se ha puesto a trabajar en un borrador, pionero en España, en el que propone regularizar la situación de las inmigrantes sin papeles que denuncien a las mafias que las explotan sexualmente.
Según datos de la asociación Alecrín, entre 8.000 y 10.000 mujeres ejercen la prostitución en Galicia. El 95% de ellas son extranjeras, en su mayoría indocumentadas procedentes de Latinoamérica y países del Este. Son mujeres jóvenes, de entre 20 y 26 años, sometidas a una situación de pobreza, con cargas familiares y con la perspectiva de ejercer la prostitución durante un periodo máximo de cuatro años. Ejercen la prostitución en clubes de alterne -más de 350 en la comunidad- y pisos de contacto -al menos 160-. Este último grupo es el que más "preocupa" a los colectivos que, como Alecrín, les ofrecen ayuda sanitaria, jurídica o social ya que son colectivos a los que resulta más difícil acceder.
Para el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, no basta que la ley conceda a las mujeres explotadas sexualmente un estatus de "víctima", les garantice medidas de protección en calidad de testigo protegido y establezca un "periodo de reflexión" de 30 o 40 días durante los cuales la persona que denuncia no puede ser expulsada del país. "¿Y concluido ese periodo, qué pasa con esas mujeres? Si no se les da una oportunidad y el beneficio de obtener una residencia legal -argumenta Varela- no se logrará que denuncien a las redes que las explotan".
Con el objetivo de "facilitar" y "favorecer" esa colaboración en los procesos penales, el fiscal superior ultima un protocolo de actuación institucional sobre la adopción de medidas de "prevención, investigación y tratamiento" de las mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual.
La finalidad, según asegura, es promover una reforma de la ley de extranjería para "premiar" con la regularización de su situación a las mujeres de nacionalidad extranjera que denuncien a las mafias que las captaron en sus países de origen y las trasladaron a España, donde las obligan a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída, les retiran el pasaporte y las amenazan a ellas y a su familia. Precisamente la protección a los familiares en el extranjero es lo que puede resultar más complicado, tal y como admite el fiscal superior. "Una vez concretadas las amenazas a las que cada red tiene sometidas a las mujeres explotadas, la policía española podría poner en conocimiento de las autoridades del país de origen la necesidad de establecer un mecanismo de vigilancia a la familia de la persona que ha sido objeto de explotación sexual", apunta Varela, al tiempo que admite que contar con la colaboración de las autoridades del país de origen "es complicado".
El próximo mes de febrero, el fiscal jefe de Galicia convocará una reunión con los actores implicados en el protocolo, pionero en España, para que hagan sus aportaciones. A la cita serán llamados representantes de la Secretaría Xeral de Igualdade, Inspección de Tráfico, Policía Nacional y Guardia Civil.