La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) considera una "deriva cínica y autoritaria" la pretensión del departamento de Interior de tipificar como delito la prostitución callejera y cree que es una medida que ayuda a la industria del sexo y a la patronal de los prostíbulos.

El conseller del Interior, Felip Puig, ha pedido esta semana que se modifique el Código Penal para tipificar como una infracción penal la prostitución en el espacio público, como "un paso más" a la puesta en marcha de la Ley de Carreteras que persigue la actividad sexual en las mismas y ha creado un fichero para anotar a clientes y prostitutas que ejercen en las carreteras. En un comunicado, la FAVB denuncia que "cuanto más retrocede el Estado social, más se insinúa el Estado penal con amenazas a los colectivos más desfavorecidos y, singularmente, a las mujeres".

Según la federación vecinal, la propuesta de Puig "supera las ordenanzas municipales de civismo para adentrarse en el Código Penal y criminalizar sin tapujos a las mujeres en situación de prostitución".

Una ayuda al proxenitismo

"Presentada como una iniciativa abolicionista, la política de Felip Puig constituye en realidad una ayuda inestimable para las industrias del sexo, para la gran patronal de prostíbulos y locales de alterne, para las redes criminales de proxenetismo", asegura la FAVB.

Los vecinos creen que CiU sólo tiene por objetivo apartar a las prostitutas de la vista y "que no ofrezcan a los turistas una imagen de miseria social". "Por el contrario -critican-, este mismo ejecutivo pierde la dignidad y la vergüenza intentando captar proyectos como Eurovegas, que supondrían un crecimiento exponencial del comercio sexual y el tráfico de personas o cierra los ojos ante la instalación del mayor prostíbulo de Europa en La Jonaquera y la transformación de la frontera en un territorio donde reina el orden social de las mafias".

La FAVB recuerda que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en las calles de Barcelona son extranjeras, pobres y viven en situación de extrema vulnerabilidad.

Por ello, piden que la Consellería de Interior retire su propuesta, que se deroguen las ordenanzas que penalizan la prostitución, una intervención de la administración para proteger a este colectivo, la apertura de un debate social sobre la realidad de la prostitución en medio de la crisis y la elaboración de un marco legislativo de lucha eficaz contra las redes de trata que ayude a salir de la prostitución a las mujeres que así lo deseen.