Laura Agustin

Es cada vez más común que las munici- palidades intentan controlar la prostitución callejera sin recurrir a los debates parlamentarios. Resulta perfectamente lógico, porque los últimos nunca llegan a ningún acuerdo puntual sino se estancan en conflictos ideológicos. Hace no tanto tiempo Granada impuso una ordenanza cívica del tipo que se ha comentado mucho en Barcelona (ver comentario e imágenes de los controles). En Granada una alianza de organizaciones que no quiere ver este tipo de control policial en su ciudad se enfrenta con el ayuntamiento y cuestionan la idea de la ‘convivencia ciudadana’ usada como justificación de la ordenanza. Cuando mucha gente oye tal frase le parece benévola, como si dijera que todos queremos vivir en paz. Pero así no es, sino, como los juristas objetan: un nuevo modelo de control de la ciudad que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales. En la foto se ve una calle desde arriba donde hay personas de pié, sentadas y que caminan. ¿Tiene un grupo más derecho de estar allí que otros? ¿Qué pasa si una mujer en minifalda se siente ofendida por un hombre en camiseta roja?

Llevan a los tribunales la ordenanza contra la prostitución de Granada

José A. Cano, 18 diciembre 2009, El Mundo.es

Granada: Recogiendo las quejas de las asociaciones y plataformas “antiordenanza” y añadiendo su propia consideración de que resulta “contraria” a la Carta europa de salvaguarda de los Derechos Humanos, la asociación Grupo de Juristas 17 de marzo ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la “ordenanza para la convivencia” aprobada el pasado septiembre por el Ayuntamiento de Granada y célebre por perseguir la prostitución callejera.

Los juristas consideran que la norma “excede de las competencias municipales” al no estar “amparada en ninguna Ley estatal o autonómica” y la califican de “un nuevo modelo de control de la ciudad que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales, inherentes a la conflictividad urbana”. Añaden que “puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión”.

En la explicación de sus motivaciones, los juristas afirman que el texto “hace una protección aparente y no real de los bienes jurídico presuntamente protegidos”, esto es, la convivencia ciudadana. Llegan a afirmar que la norma “puede desencadenar situaciones de crispación conflictividad e incluso alarma social”. También argumentan que con esta se amplían “peligrosamente” los poderes de la Policía Local, de manera que “recuerda una tradición propia de otras épocas”.

Finalmente, el grupo incide igualmente en los “déficits democráticos” de la elaboración de la norma, opinando que “la base de cualquier normativa municipal debe ser el derecho a la participación política en su elaboración. Actualmente hay un gran movimiento ciudadano de oposición”.