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Córdoba, 10 nov (EFE).- Entre 800 y 1.200 personas se prostituyen en la actualidad en la provincia de Córdoba, el 90 por ciento de las cuales lo hacen obligadas, en algunos casos mediante la coacción de redes mafiosas o en otras situaciones, forzadas por su situación socioeconómica.

Éste es uno de los datos que se desprende del informe sobre la situación de la prostitución en la provincia de Córdoba, realizado por la Oficina del Defensor de la Ciudadanía y que en sus más de 350 páginas detalla el perfil de las personas que ejercen la prostitución, la percepción ciudadana, los recursos de las administraciones públicas y una serie de conclusiones y propuestas.

El defensor de la ciudadanía de Córdoba, Francisco García-Calabrés, ha indicado en conferencia de prensa que estas personas ejercen la prostitución en veinte casas de citas, cinco hoteles, dos grandes complejos, sesenta pisos encubiertos, de los cuales cuarenta están en la capital y otros veinte en la provincia, y en la vía pública, como en la zona de El Arenal.

El informe también revela que el 90 por ciento de las personas que ejercen la prostitución son de fuera de extranjeras, y en concreto, el 55 por ciento proceden de América Latina, sobre todo de Brasil, Paraguay y Colombia; mientras que el 31,38 por ciento son de Europa del Este, en su mayoría de Rumanía.

Además, casi la mitad de los ciudadanos encuestados piensan que la prostitución es legal en España, mientras que el 27,5 por ciento opina que es una actividad alegal y el 25 por ciento, que es ilegal, si bien el 67 por ciento cree que la prostitución debería ser legal.

Por otro lado, la mitad de los preguntados piensan que una persona comienza a prostituirse por necesidad económica y tres de cada cuatro encuestados consideran que, para solucionar la mayoría de los problemas asociados a la prostitución se debería perseguir y castigar los proxenetas, redes y empresarios, frente al 2,8 por ciento que cree que se debería castigar a las prostitutas y el 17 por ciento, a los clientes.

En cuanto al respaldo a que los medios de comunicación, como la prensa y la televisión, no publicite este tipo de servicios, una cuarta parte de los encuestados está de acuerdo y el 15 por ciento, está "completamente en desacuerdo".

Ante esta situación, el informe del defensor de la ciudadanía realiza una medio centenar de propuestas que van dirigidas a personas que ejercen la prostitución, a los clientes, la industria del sexo, la sociedad civil y las administraciones públicas.

En cuanto a las primeras, el documento aboga por "romper el aislacionismo", para lo que se deberían fomentar actividades de grupo, una mayor flexibilización y humanización en la aplicación de la legislación de extranjería y hacer más asequible y mejorar el acceso de estas personas a los servicios de atención primaria, con controles periódicos más frecuentes y exhaustivos.

Para los clientes, el informe propone mayor sensibilización y no incidir en la imposición de sanciones económicas, sino hacerles conscientes de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, muchas veces unida a la falta de pobreza y falta de igualdades, de quienes se prostituyen.

En cuanto a la industria del sexo, el documento propone una regulación específica, prohibir el acceso a menores a los establecimientos donde se ejerce la prostitución, que las cadenas de contenido erótico no emitan señal en abierto o que estén en lugar visible las advertencias y recomendaciones sociosanitarias en los locales donde se practica la prostitución. EFE