Fuente: Adital Noticias (23 dic. 2011)
Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital
América Latina y el Caribe tienen hoy una población femenina
estimada en más de 302 millones de personas, según datos
de la Comisión Económica para América Latina y
Caribe (Cepal), número superior a los 294.596 hombres. A pesar
de ser mayoría numérica, las mujeres continúan
siendo parte de la minoría política y social. ¿Por
qué motivos? ¿Cómo los movimientos feministas de
la región actúan para superar este cuadro de situación?
¿Qué desafíos enfrentan y cuáles son las
conquistas que están alcanzando?
Femenicidio, violencia doméstica, negación de derechos sexuales y reproductivos y de participación en los espacios de poder constituyen el panorama de los principales desafíos que enfrentan las latinoamericanas. Por otro lado, con mucha creatividad y tenacidad, los movimientos feministas resisten desde hace muchas décadas, y recogen algunos laureles en esa lucha.
Para la coordinadora de la Marcha Mundial de las
Mujeres de Brasil, Nalu Faria, hay muchas conquistas para celebrar. "Consolidación
de un marco que reconoce varios derechos de las mujeres, igualdad de género,
efectivización de algunos derechos, fortalecimiento del protagonismo,
de espacios de empoderamiento de las mujeres, compartidos por organizaciones
civiles y por el Estado. Tenemos la consolidación de un sujeto
político, las mujeres”, enumera.
Entre los desafíos, Nalu también incluye muchos puntos,
como la dificultad de insertar las agendas feministas en el debate de
la sociedad y de los gobiernos, así como los límites organizativos
del propio movimiento. "Los movimientos de mujeres tienen una pauta
amplia y enfrentan cierta dispersión. Tenemos el desafío
de una articulación más amplia, aprovechando oportunidades
para realizar una disputa no sólo por nuevas políticas,
sino también por nuevos valores en la sociedad”, puntualiza.
Sin embargo, como principal obstáculo la activista cita la garantía
amplia de los derechos, que, enfatiza: sólo llegará si
hay cambios estructurales. "Hemos conseguido derechos, pero ellos
no llegan a todas o el sistema modifica las características.
Por ejemplo, derecho a trabajo e ingreso, inserción de las mujeres
en el mercado de trabajo. Eso ocurre a costa de una sobrecarga de trabajo
doméstico, en ningún momento son enviadas las cargas fiscales
al Estado, es una victoria parcial”, afirma.
En Ecuador, la presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama,
Rosí Pérez Arévalo, evalúa que 2011 fue
un año de visibilización del papel de las mujeres, principalmente
en la defensa de los derechos humanos y, en el contexto del país,
en la lucha contra los megraproyectos de minería, que afectan
fuertemente a la provincia de Azuay, en el sur de la región Andina
de Ecuador.
Para 2012, las mujeres pretenden fortalecer su papel en los movimientos
sociales, así como la Unión Latinoamericana de Mujeres
(ULAM). También está en la pauta hacer frente al gobierno,
que, según Rosí, está "alineado con los intereses
de las grandes corporaciones extranjeras, como las empresas mineras”,
persiguiendo al Frente de Mujeres con una campaña de desprestigio.
¿Y qué decir de México? El Observatorio Ciudadano
Nacional del Femenicidio registró, entre 2009 y junio de 2010,
1.728 femenicidios en 18 de los 31 estados de México. En Ciudad
Juárez, en la frontera norte, la situación es tan grave
que llamó la atención internacional: de 117 femenicidios
en 2009, los delitos pasaron a 306 en 2010, o sea, casi se triplicaron.
En Guatemala, 695 mujeres fueron asesinadas en forma violenta en 2010.
Contabilizando las muertes desde 2004, el número se eleva a casi
4.400 víctimas de femenicidio. La militante de la Convergencia
Cívico Política de Mujeres, Carmen López, afirma
que el país tomó la delantera en la experiencia de leyes
específicas contra el femenicidio y creó tres tribunales
especializados. Sin embargo, ella no espera que la violencia se reduzca.
"Existen varios factores, muchos de ellos son históricos,
que limitan el avance hasta el cambio (de la cultura patriarcal y machista)
de paradigmas sociales, especialmente la violencia en general que no
ha sido posible reducir y que ahora también es mantenida por
el crimen organizado”, sostiene.
En este mismo sentido, Carmen no se muestra optimista en relación
con las políticas públicas más eficaces y aplicables
en la cuestión de la violencia. Esto porque, en su opinión,
las prioridades del nuevo gobierno serán otras. Por otro lado,
espera que haya continuidad de algunas acciones que vienen siendo realizadas,
aumentando el acceso de las mujeres a la justicia.
En Brasil, cinco mujeres son gravemente maltratadas por hombres cada
dos minutos. Según datos del Ministerio de Salud, 10 mueren diariamente
en las manos de compañeros o ex-compañeros.
"Se logró que la afirmación ‘en pelea de marido
y mujer nadie mete la cuchara’ se convirtiera en controversia.
Sin embargo, falta que la atención se traduzca de hecho en una
mejora de la calidad de vida de las mujeres, ya que no hay un asesoramiento
adecuado, pues cuando las mujeres van al Poder Judicial, muchas veces
encuentran funcionarios prejuiciosos, no capacitados, que culpabilizan
a la víctima”, explica.
Integrante de la Universidad Libre Feminista, en Brasil, Guacira César
de Oliveira es taxativa. "Hubo un recrudecimiento importante en
esta área”. Ella explica que el Frente Nacional contra
la Criminalización de las Mujeres por la Legalización
del Aborto lleva adelante la defensa de ese derecho e informa que durante
la III Conferencia Nacional de Política para las Mujeres fue
aprobada la recomendación de que Brasil revise la legislación
que castiga el aborto, avanzando para asegurar la legalización.
"Reivindicamos del Estado que ninguna mujer sea castigada, humillada
o maltratada por decidir hacer un aborto o sufrir aborto espontáneo”,
esclarece.
Ana Claudia denuncia que hay una gran deficiencia en el respeto de las
condiciones de aborto legalizadas en el país –embarazo
como consecuencia de violencia sexual o que represente un riesgo para
la vida de la madre. "Si el gobierno no respeta la ley, ese debate
se vuelve muy complicado. Muchas mujeres están muriendo, y eso
no está en la pauta del gobierno”, alerta.
Actualmente, América Latina y el Caribe cuentan con cinco presidentas
–Dilma Rousseff (Brasil); Laura Chinchilla (Costa Rica), Kamla
Persad-Bisesar (Trinidad y Tobago) y Cristina Kirchner (Argentina)–
y entre 2006 y 2010 Michelle Bachelet comandó Chile. Pero, ¿esta
coyuntura impactó de hecho sobre la condición social de
las mujeres? ¿Hay mayor acceso femenino a los espacios de poder?
En la opinión de Nalu Faria, cuando era presidente, Bachelet
adoptó varias políticas orientadas hacia las mujeres,
así como estaría haciéndolo Dilma en Brasil. "Pero
no es una intervención con discurso feminista y libertario. Hay
contradicciones: son presidentas, pero enfrentan la reacción
machista y misógina. Nosotros no tenemos un lugar donde no esté
establecida la disputa, y esas disputas pasan por cuestiones de género
y de clase”, argumenta.
A pesar de la actuación de las presidentas, la participación
de las mujeres en la política todavía es considerada por
debajo del ideal. La socióloga y coordinadora del Observatorio
de Género y Equidad, Teresa Valdés, considera que Chile
sufrió un retroceso en esta cuestión durante el gobierno
del actual presidente, Sebastián Piñera.
"Si en el año 2006 se alcanzó la paridad numérica
(50%) en el gabinete de ministros, paridad relativa que se mantuvo hasta
2010 (40-60%), el actual gobierno cuenta solamente con un 18% de mujeres
en esos cargos. Lo mismo ocurre en todas las categorías nombradas
por el presidente”, se informa. Además, el proyecto de
ley que asegura la representación equilibrada de mujeres y hombres
en el Parlamento, enviado por Bachelet en 2007, todavía no fue
puesto en la pauta. El gobierno llegó a enviar un proyecto sobre
cupos, pero sufrió el rechazo de un partido de la base aliada.
Para el año que viene, la socióloga espera una mayor
participación de las mujeres, pero teme que esto quede en los
marcos de políticas populistas –que incluyen centralmente
a las mujeres, designando muchos recursos presupuestarios para ellas–
sin una real participación, inclusive con el aumento del activismo
social experimentado por Chile en 2011.
"En síntesis, la participación de las mujeres puede
aumentar considerablemente a nivel de autoridades locales, pero puede
darse en un contexto de clientelismo que no se traduzca en cambios culturales
rumbo a la igualdad, tal como fue la política del gobierno del
presidente Piñera, de mantener y reforzar los papeles tradicionales
de género”, analiza. Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Violencia
El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana,
Bolivia, Paraguay, Panamá y México están entre
las 11 primeras posiciones en las tasas de femenicidios por cada millón
de mujeres, según un estudio realizado en 43 países.
En Perú, el proyecto de ley que incorporaba el femenicidio en
el Código Penal fue archivado. Entre 2009 y 2010, 283 mujeres
fueron víctimas de femenicidio. Hasta julio de este año,
el delito ya había interrumpido la vida de otras 48 mujeres en
el país, considerado uno de los tres países de América
Latina con mayor índice de femenicidio. En República Dominicana,
lo mismo: entre 2005 y agosto de 2009, se registraron 867 femenicidios.
Contra la violencia doméstica, el país cuenta con la Ley
María da Penha, considerado uno de los instrumentos más
avanzados del mundo. Desgraciadamente, la perfección de la ley
tropieza con la falta de políticas públicas que estén
a la altura, y de todo un aparato necesario para su aplicación.
De acuerdo con la consultora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría
(CFemea), Ana Claudia Pereira, la norma trajo muchos resultados positivos,
principalmente por generar una discusión en la sociedad, contribuyendo
en la educación de las nuevas y antiguas generaciones.
Derechos sexuales y reproductivos
En esta temática, los movimientos feministas parecen encontrar
cada vez más resistencia. Para Nalu Faria, América Latina
vive un movimiento de fortalecimiento de la derecha desde mediados de
la década de 1990 que impide un debate amplio, en el marco de
un estado laico, sobre estas cuestiones, en especial la legalización
del aborto.
Participación política